La vida criminal de Ricardo Raúl Rojas, el capo narco conocido como "El Coya", dio un giro inusual esta semana en los tribunales de Salta. Lejos de la violencia de las calles y los negocios turbios, Rojas libró una batalla legal contra el sistema carcelario de alta seguridad y, para sorpresa de muchos, logró un triunfo parcial que podría sentar un precedente. Un juez federal, si bien ratificó la constitucionalidad del régimen de máxima seguridad, le concedió más libertades de las que el Estado estaba dispuesto a darle.
El origen de una leyenda criminal
Para entender el conflicto, hay que retroceder en el tiempo. Rojas no nació en la cúpula del crimen organizado. Su carrera delictiva comenzó en la adolescencia con robos menores, incluso como "motochorro" en la ciudad Orán. Pero su ambición lo llevó más lejos. En el norte de Argentina, se convirtió en transportista, no solo de pasajeros, sino de una mercancía mucho más rentable: cocaína y marihuana camuflada entre inmigrantes ilegales. Su fachada de legalidad, con una flota de remises, escondía una red que se extendía desde la frontera con Bolivia hasta los grandes centros de consumo como Rosario de Santa Fe.
Pero el ascenso trajo consigo una brutalidad sin límites. La incautación de un cargamento de 80 kilos de marihuana en 2017 fue interpretada por Rojas como una traición. Desde la prisión de Cerrillos, donde ya estaba detenido por narcotráfico, ordenó al sicario tucumano “Pájaro” Castillo, la venganza. Sus víctimas, dos exsocios, se convirtieron en objetivos. Uno, Raúl Martínez, fue ejecutado con seis disparos mientras comía un choripán en Orán. El otro, Ricardo Gerónimo, sobrevivió a un intento de asesinato en el que recibió seis tiros. Estas acciones, probadas por escuchas telefónicas, le valieron una segunda condena: prisión perpetua como autor intelectual de un homicidio doblemente agravado y una tentativa de asesinato.
El encierro como centro de operaciones
A pesar del encierro, Rojas no abandonó sus negocios. Fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal del NOA III, pero desde allí continuó manejando su imperio. Se le vinculó con un cargamento de 330 kilos de marihuana, oculto en un galpón al que su banda apodaba "La Iglesia". Su poder era tal que, estando tras las rejas, seguía impartiendo órdenes para el crimen organizado.
Esta peligrosidad y su historial de crímenes “desde la cárcel” llevaron a las autoridades a incluirlo en un régimen especial de reclusión.
¿Qué es el SIGPLAR?
El SIGPLAR, o Sistema de Gestión Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, es un régimen penitenciario creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para neutralizar a los criminales de máxima peligrosidad. Su principal objetivo es cortar los lazos entre los presos y sus organizaciones delictivas en el exterior, impidiendo que continúen sus actividades desde la cárcel.
Las condiciones bajo este sistema son rigurosas. Incluyen un alto grado de aislamiento (como las 20 horas diarias en celda que denunciaba Rojas), restricción de teléfonos celulares, fuertes restricciones en las visitas, que suelen ser a través de un locutorio sin contacto físico, y una vigilancia extrema. En esencia, se busca que el encierro sea absoluto y que el poder criminal del recluso se disuelva por completo.
La batalla judicial
La disputa legal se desató por segunda vez, luego de que un primer intento de la defensa de Rojas por declarar inconstitucional el SIGPLAR fuera rechazado. La situación cambió cuando el caso cayó en manos del juez Domingo Batule, quien le dio la razón al narco. El magistrado declaró inconstitucional el Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la restricción de visitas con contacto físico. En su fallo, ordenó que a Rojas se le garantizara un mínimo de ocho horas de salidas diarias y el contacto directo con sus familiares.
Ante esta decisión, el fiscal Carlos Amad y el SPF no dudaron en impugnarla. Sostuvieron que el juez Batule se había excedido, y el fiscal argumentó que la declaración de inconstitucionalidad debe ser la "última ratio" y solo aplicarse en casos de manifiesta injusticia. También defendió la legitimidad del régimen, ya que tiene como fin proteger a la sociedad y evitar que criminales como Rojas sigan delinquiendo desde la cárcel, como lo hizo en el pasado. En el centro de esta disputa, tal como lo había adelantado LA GACETA, se encontraba la postura de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había manifestado su interés en que Rojas se mantuviera bajo la rigurosidad del SIGPLAR.
La causa llegó a manos del juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quien fue el encargado de resolver el conflicto. En su fallo, el magistrado optó por un análisis minucioso. Distinguió la cuestión "normativa" de la "fáctica" y afirmó que las disposiciones del SIGPLAR no eran inconstitucionales en sí mismas. Sobre el punto más polémico, la defensa de las 20 horas de encierro, el juez explicó que se trataba de una presentación “impactante” pero engañosa. Aclaró que la ley prevé ocho horas de descanso y cuatro de recreación, lo que no equivalía a 20 horas de aislamiento.
Además, Rabbi Baldi Cabanillas analizó las "Reglas de Mandela", un conjunto de principios internacionales para el tratamiento de los reclusos. Coincidió en que las normas nacionales a menudo son más progresivas que las internacionales. "Las reglas de Mandela no van en contra de la normativa, sino a favor", sostuvo.
En un gesto de equilibrio que definió como una "solución superadora", el juez falló a favor de la impugnación del fiscal y el SPF, ratificando la constitucionalidad del régimen. Sin embargo, no ignoró los reclamos del recluso. Ordenó al SPF que garantice a Rojas el acceso a un cupo laboral, actividades físicas, educativas y atención psicológica. Lo más relevante fue su decisión de autorizar las visitas con contacto físico, pero bajo una "fuerte vigilancia".
De esta forma, el "Coya" Rojas logró una victoria parcial en su guerra judicial, pero la sombra de su pasado y la vigilancia del Estado seguirán acompañándolo en cada paso que dé en el penal.